A propósito del retorno del caso Crystallex con la expropiación fraudulenta que de la refinadora y comercializadora venezolana CITGO, adelantan, EEUU-Canadá, el Pacto de Lima y la derecha venezolana, resulta conveniente algunas palabras al respecto.
Otto Van Der Velde Q.
La historia venezolana de esta transnacional canadiense del oro es políticamente compleja. En la opinión pública mundial aparece como una empresa depredadora del ambiente y símbolo del liberalismo dependiente del señor J. Trudeau, cuyo gobierno se ha involucrado literalmente en el plan militar de Donad Trump contra Venezuela. Recordemos que Canadá fue uno de los primeros países en reconocer como <presidente encargado> al cuestionado Juan Guaidó. Lo de CRYSTALEX podría incluso vincularse con ciertos traspiés políticos del gobierno chavista.
El escenario de la historia actual es más o menos así: En el 2009, el gobierno nacional bolivariano por vía de la ministra Ana Elisa Osorio revoca las concesiones de las transnacionales imperialistas Criytallex y Gold Reserve ¿causas? severo daño ambiental en el área aurífera de Las Brisas y las Cristinas del Estado Bolívar e incumplimiento de los contratos.
En el 2011, el presidente Chávez emite un decreto con rango de Ley Orgánica, por el cual se reserva al Estado venezolano la exploración y explotación del oro. El movimiento revolucionario apoya dicha Ley, alegando además su relación con el decreto de Simón Bolívar en cuanto a la propiedad de la nación venezolana sobre yacimientos, minerales y otros bienes del subsuelo. (*)
(*)"Art. 1° Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto". Simón Bolívar, 1829
En aquella oportunidad el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en unidad con dirigentes y trabajadores de la empresa MINERVEN, de las Empresas Básicas de Guayana y las comunas, realizamos debates sobre el tema. Resultado de esa serie de asambleas, consultas populares, foros y actividades, se aprueba un proyecto de estatización general directa, del sistema minero-petrolero con diversos mecanismos especiales, entre otros, la obligación de circunscribir las operaciones estratégicas de la nación, directamente por el Estado pero tomando en cuenta el poder popular, es decir, el control obrero-campesino e indígena-comunal, base del desarrollo independiente de un gran plan de industrialización y revolución agraria nacional.
El Proyecto del poder popular del Estado Bolívar, desechaba por inconvenientes al interés nacional dos propuestas: la privatización del sistema minero o la semiprivatización de él empleando la figura de empresas mixta con transnacionales imperialistas y los monopolios internos, dado el carácter depredador, comprobadamente maula de empresas, que además sirven como entes financieros de la oposición de derecha, algunos de cuyos líderes poseen jugosas concesiones mineras en el área, en sociedad con grupos mafiosos rojo-rojitos dentro del proceso revolucionario.
Propusimos entonces que, en tal caso, el régimen especial de empresas mixtas privilegiara las asociaciones de estado a estado, con el pequeño productor minero nacional, bajo control obrero y de estrictas condiciones soberanas de arreglo. En general, nuestras propuestas de ayer están vigentes.
Se trataba (se trata) de un programa fundamentado en el antiimperialismo del que tanto se habla hoy día, basado, como se ha dicho, en el poder popular a través del control obrero integral-campesino-comunal de toda la rama minera. Nuestra propuesta fue difundida a la opinión pública; circuló en la prensa nacional del PRT “El Proletario” y en el órgano regional del Partido en el Estado Bolívar, El Wayare. Además, fue informado en la Asamblea Nacional que para la época estaba bajo control revolucionario.
El Partido, convocando al proletariado minero, organiza a propósito del Proyecto varias concentraciones regionales y marchas multitudinarias desde el estado Bolívar a Caracas, movilizando miles de obreros, mineros independientes, indígenas, comunidades y diversos grupos revolucionarios. Entre las movilizaciones más destacadas podemos mencionar la concentración de trabajadores, comunas y militantes alrededor de la Asamblea Nacional.
En esa oportunidad se obtuvo del vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado revolucionario ya fallecido Roberto Hernández W, un derecho de palabra en la que los propios dirigentes obreros, cuadros del PRT, campesinos, líderes sociales, indígenas y técnicos, expusieron además de sus reivindicaciones laborales y ancestrales, el referido proyecto sobre la cuestión minera, que, como se dijo, era el resultado consensual de especialistas y dirigentes del Partido, direcciones obreras y sindicales, técnicos de la propia MINERVEN, pequeños mineros, trabajadores mineros, campesinos y comunidades (incluyendo comunidades indígenas del sector) ratificando en sus intervenciones el plan propuesto de estatización integral directa de toda el área minera, lo cual involucraba la concesión “Las Cristinas”, otorgada a CRYSTALLLEX y “Las Brisas” asignada a la Gold Reserve.
Propusimos un plan perfectamente posible, que profundizaba las medidas nacionalistas de Chávez de rescindir los contratos de CRYTALLEX International Corporation y de la Gold Reserve, por incumplimiento de los contratos, deterioro ecológico además de otros despojos hechos a la nación venezolana. Sin embargo, no hubo respuesta oficial a nuestra propuesta; peor aún, con el tiempo hasta la propia MINERVEN fue semiprivatizada a través de una empresa mixta con capitalistas turcos que no vacilaron en atropellar a los trabajadores venezolanos (2019).
Frente a los hechos y la anulación de los contratos, ambas empresas imperialistas demandaron al Estado venezolano, acción festejada por la derecha, sobre todo por los medios de comunicación afines a FEDECAMARAS-VENAMCHAM. La soberana decisión bolivariana dio inicio a un largo y tortuoso pugilato político-judicial entre los imperialistas de dichas transnacionales, el gobierno bolivariano y el pueblo.
Nuestro Partido, sectores del gobierno bolivariano, del PSUV y del Polo Patriótico sosteníamos (sostenemos) la idea de mantener firmes las posiciones soberanas contra las empresas transnacionales desalojadas; otros sectores del gobierno, del partido de gobierno y aliados eran, en cambio, partidarios de zanjar pragmáticamente la querella dándole nuevas concesiones mineras (¡!) a ambas empresas como forma de pago frente al ejecútese favorable a las demandas imperialistas. Así están las cosas hoy.
En principio se impuso la línea “pragmática” teniendo como escenografía de fondo los primeros esbozos del Arco Minero. En esa tónica entra nuevamente la Gold Reserve que, expulsada por Chávez, es recibida oficialmente con enormes privilegios, incluyendo un préstamo al gobierno de $5000 mil millones ofrecido por la propia GR y la opción de operar a cielo abierto, una técnica en desuso más que desastrosa en materia de minería, por el grado de contaminación, destrucción ambiental y enfermedades que genera. Hubo muchas protestas contraria esa decisión, incluso más de un reclamo venido de especialistas relacionados con el chavismo, como las de Lenin Cardozo, la de Gustavo Márquez Marín o de analistas independientes como Andy Robinson etc.
Pero las agallas imperialistas apuntaban más lejos. Desde el 2017, se devela pública e internacionalmente la maniobra de CRYSTALEX-Trump-Guaido, para apoderarse de Citgo. Como ya vimos, previamente la Gold Reserve había demandado al Estado venezolano alegando la misma causa de supuesta expropiación ilegal y ruptura del contrato, exigiendo una jugosa indemnización de Estado por lo que no era otra cosa que un legítimo acto de soberanía del gobierno bolivariano, contemplado en el derecho internacional moderno.
La Gold Reserve demandó a la nación venezolana a través del CIADI -oficina imperialista <de arreglos internacionales> que es un ente del Banco Mundial. CRYSTALLEX hizo otro tanto, dando origen a una interrogante lógica: ¿por qué el gobierno bolivariano, contrariando las propuestas de romper con el CIADI de muchas voces destacadas, partidos revolucionarios aliados y organismos sociales, sostuvo los acuerdos con un Centro controlado por el imperialismo financiero que siempre sentencia a favor de los intereses transnacionales. La G.R. logró por esa vía un fallo a su favor de 760 millones de dólares a su cuenta con la obligación del pago de los costes del juicio por la nación venezolana.
El bondadoso Estado nacionalista aceptó pagar, pero acordando como forma de pago una empresa mixta minera con la desalmada transnacional, que recibiría del Gobierno venezolano el 45% de las acciones de la empresa mixta acordada. Aunque usted no lo crea: por falta de firmeza oficial, la Gold Reserve, expulsada soberanamente por el gobierno bolivariano de Chávez, es recibida con enormes privilegios en medio de una cuestionada Ley de Inversiones extranjeras, contrariando lo que debía ser la continuidad político-jurídica del gobierno bolivariano. Actuando como un verdadero cónsul del imperio romano de Julio Cesar, la Gold Reserve del imperio norteamericano exclama victoriosa vini vidi vinci (vine, vi, vencí) alentando a la depredadora CRYSTALLEX, hacer lo mismo, pero más en grande, con CITGO.
“…Lo más triste de esta historia es que Hugo Chávez había expulsado a Gold Reserve del país por sus actividades destructivas. La minera luego presentó una demanda ante el tribunal del Banco Mundial -el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que, como suele ocurrir, sentenció a favor de la minera contra Venezuela y obligó a Caracas pagar 700 millones de dólares. Entonces, Maduro, para evitar pagar ese dinero, creó una asociación mixta y entregó a Gold Reserve el 45% de la mina. (Artículo. Venezuela excava para salir de un agujero. Por: Andy Robinson Domingo, 02/06/2019 01:30 PM | Aporrea)
Por su lado el plan interventor de la alianza Trump-derecha local-Guaidó, siguió su curso, según revelan los mismos conspiradores de la fragmentada derecha venezolana. “El ingeniero y especialista en finanzas Jorge Alejandro Rodríguez, conocido por su férrea oposición el Gobierno Bolivariano, revela detalles de la estrategia que utilizaron (en la oposición venezolana) para entregar los activos de Citgo a la transnacional canadiense CRYSTALEX (Ultimas Noticias 1.8.2019)
La banca imperialista anglo-europea, yanquis portugueses e ingleses, sus cómplices latinoamericanos del Perú y Colombia, se dieron a la tarea de incautar <a mano armada> los activos venezolanos en el exterior. los colombianos, por ejemplo, expropiaron y pusieron en las manos de Guaido y su banda, la gran empresa industrial colombo-venezolana MANOMEROS, establecida en su territorio. Los portugueses e ingleses hicieron otro tanto con los fondos venezolanos.
La coalición internacional de la burguesía liderada por el gobierno norteamericano de Donal Trump basada fundamentalmente en la fuerza de sus cañonera inicia la incautación de todos los activos venezolanos en el exterior, el propio Trump anuncia el 6 de agosto la expropiación general de dichos activos en Estados Unidos y el bloqueo naval o “cuarentena” sobre las costas venezolana
Ocupa la importante y codiciada refinadora-comercializadora venezolana CITGO. Simultáneamente, un tarifado Tribunal de EEUU violando a descaro el derecho internacional, ejecuta sentencia a favor de CRYSTALLEX. Obedeciendo una vez más la orden del Centro de Arreglos Internacionales -CIADI- el imperialismo judicial de Estados Unidos obliga a Venezuela a pagar a CRYSTALLEX 1 mil 386 millones de dólares y los costes del juicio entablado por la empresa contra el país, por el contrato rescindido <ilegalmente> en el gobierno de Chávez.
Sobra decir que los imperialistas de CRYSTALLEX, en lugar de aceptar la holgada propuesta del gobierno bolivariano (que incluía una posible participación preferencial en el Arco Minero) prefirió cobrarse la deuda apuntando a la propiedad de la refinadora y comercializadora CITGO, que cuando menos vale cuatro veces más de lo reclamado. Este lucrativo negocio de la transnacional canadiense fue tramado en complicidad con Trump, la UE, el Pacto de Lima y el grupo Guaido, de acuerdo a las propias confesiones del “procurador especial en el exterior”, designado de manera inconstitucional e ilegal por la Asamblea Nacional en desacato, José Ignacio Hernández” (V. prensa Ultimas Noticias 1.8.2019)
Con tales antecedentes conspirativos de dos empresas privadas maulas, previamente expulsadas por Chávez, surge una cadena de preguntas lógicas ¿Por qué el gobierno bolivariano repite el error inicial, negociando nuevamente la entrada de tales transnacionales en el lucrativo negocio del oro, además con privilegios excepcionales como el caso de la Gold Reserve, transnacional con graves problemas internos, según analiza el exministro de Chávez Gustavo Márquez Marín, quien en marzo escribe: Así lo reflejan sus últimos estados financieros al 30 de septiembre de 2015, por tener $ 47,3 millones en pasivos que triplican sus activos, que apenas llegan a $15 millones. Estuvo suspendida en la bolsa y al borde de la bancarrota. El único proyecto que ha desarrollado en su historia es el de “Las Brisas” ¿Con qué aval una pequeña empresa en estas condiciones podría obtener $ 2 millardos en crédito para la República? (31 de marzo de 2016)
Tras el último fallo del tribunal norteamericano controlado por el CIADI hubo también buenas ofertas para CRYTALLEC de parte del Estado venezolano, antes que ésta decidiera dirigir su mirada a Citgo.
“La minera canadiense Crystallex y el gobierno de Venezuela llegaron a un acuerdo por una disputa sobre la expropiación de la mina de oro Las Cristinas, estado Bolívar, según informaron agencias internacionales de noticias. El acuerdo podría superar los 1.000 millones de dólares, lo que lo convertiría en el de mayor valor alcanzado con Venezuela, de acuerdo con fuentes ligadas al caso. El acuerdo fue aprobado el viernes en Ontario, Canadá, pero muchos detalles no se dieron a conocer, como por ejemplo su monto. Por: Agencias sábado 25/11/2017 02:02 PM.
¿Por qué las invitaron a entrar en el llamado Arco Minero? ¿Cuánto de patriota, de antiimperialismo o simplemente de coherente entre el discurso y los hechos tiene esa decisión del Estado-gobierno bolivariano? ¿Se trata acaso de un atajo financiero, producto de un pragmatismo cómodo a corto plazo, pero desastroso a mediano y largo alcance? ¿Cuánto de antiimperialismo hay en esta medida o cuánto de contención táctica puede lograr dicha medida del plan invasor yanqui?
Al parecer no mucho, si recordamos que pocos días después del fallo, el mismo Trump, de brazos con el jefe del Comando Sur, el guerrerista Faller, anunciaba un bloqueo o cuarentena naval contra Venezuela. Sobra decir que esa nueva amenaza imperialista hizo enardecer, aún más, al pueblo y al propio gobierno bolivariano, incluyendo el frente militar.
Seguramente los directivos de CRYSTALLEX Y GOLD RESERVE se acogieron a la lógica bodeguera del benemérito Juan Vicente Gómez: no me den plata -decía el genio de La Mulera- sólo pónganme donde hay. Bien, en el cuestionado “Arco Minero” hay de sobra y no sólo eso, sino una biodiversidad envidiable.
Ese <Arco> no es cualquier terreno baldío, posee en sus 111.849,86 Km, todo tipo de recursos forestales, minerales y acuáticos: 7000 toneladas de reserva de oro (cuarta reserva mundial), abundante coltán, cobre, bauxita, tierras raras (de existencia muy escaza en el globo, fuertemente requerida por China y otros países desarrollados); diamante en grandes proporciones, hierro, cadín, delamita (segunda reserva mundial), diversidad ambiental, fauna endémica, decenas de etnias, una red fluvial impresionante que se extiende a cinco Estados colindantes etc.
Precisamente por ello hay más preguntas:
¿Por qué durante 20 años, resistiendo conspiraciones, golpes de Estados, terrorismo, asesinatos y otros <derechos humanos> de occidente, derrotando el arsenal conspirativo de EEUU y sus socios de la Unión Europea, del Pacto de Lima y la derecha guaidocistas, los gobiernos bolivarianos nacionalistas no tomaron medidas elementales de prevención con los activos nacionales depositados justo en el corazón de nuestros enemigos imperialistas declarados?
¿Por qué a nivel del Estado continúa esa sospechosa conducta inaugurada en los años sesenta por Rómulo Betancourt, de los <protocolos secretos>, para negocios estratégicos que afectan directamente al pueblo, a la nación venezolana y a la soberanía nacional? ¿por qué el pueblo siempre es tomado de sorpresa en tales negociaciones? ¿No es precisamente el misterio de los <protocolos secretos> lo más conveniente para los imperialistas como para a la derecha interna? Finalmente, ¿Por qué a pesar de los repudios, de actos en su contra, no se ha roto con el CIADI?
A fecha de la salida del decreto gubernamental de Chávez -decreto con rango de Ley Orgánica 2248 “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” o Arco Minero, (2011) sólo tres empresas, China, Congo y Gold Reserve operaban en el área (2009), hoy (2019) lo hacen 150 empresas transnacionales o locales, que, según los ambientalistas pone en inminente riesgo el ecosistema (no solamente de Venezuela) y los recursos naturales de las futuras generaciones de venezolanos.
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